Qué es el recurso especial en materia de contratación

El recurso especial en materia de contratación es un recurso contencioso-administrativo que permite impugnar actos de la Administración Pública en materia de contratación pública, conforme a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público (LCSP). Este recurso se presenta ante el Tribunal de Recursos Contractuales o, en su defecto, ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma o el Tribunal Superior de Justicia de España, según corresponda. Su objeto es impugnar actos que vulneran los principios de legalidad, igualdad, transparencia, no discriminación, concurrencia y libre acceso a la información, así como los procedimientos establecidos en la LCSP. Puede interponerse por cualquier interesado que acredite un daño directo y cierto derivado del acto impugnado, como licitadores excluidos, adjudicatarios o beneficiarios de contratos. El recurso debe presentarse dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación del acto impugnado, salvo que se haya producido un recurso previo de alzada o que se haya resuelto en su momento.